Biden condena el muro de Trump al olvido

Con menos de un día en el poder, la nueva Administración de Joe Biden se ha apresurado a desmantelar dos de las medidas estrella y promesas de campaña de Donald Trump: la construcción de un muro en la frontera con el vecino del sur y frenar el programa conocido como Permanecer en México.

Nada ejemplifica mejor la ruptura entre un Gobierno y otro. Desde este viernes, la medida que oficialmente se llama Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), aunque se conoce mejor por el sobrenombre de Permanecer en México, queda suspendida. El controvertido programa, lanzado en enero de 2019, funcionó sin descanso durante 13 meses seguidos, lo que supuso que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, siglas en inglés) devolvió a México a más de 60.000 inmigrantes para que esperaran en ese país vecino la resolución de su estatus migratorio. Miles de personas viven, en tiempos de covid, en pésimas condiciones sanitarias y están sometidas a peligros continuos debido a la violencia que impera en la frontera.

Aunque debido precisamente a las restricciones impuestas por el coronavirus, el DHS ya ha informado de que todos aquellos que esperan en México la concesión de asilo para que su caso se estudie en Estados Unidos no podrán entrar en el país de forma inmediata. En Estados Unidos todo el que se presenta en una frontera terrestre o un aeropuerto tiene derecho a pedir asilo y a exponer su caso ante un juez. La Casa Blanca de Trump consideraba que los inmigrantes llevaban años aprovechándose de las leyes estadounidenses para entrar en el país y luego no se presentaban a la audiencia de su caso y desaparecían, sin papeles, dentro de su territorio.

De forma “inmediata” se ha impuesto también una pausa de 100 días para la deportación de ciertos migrantes que no tienen la ciudadanía, que entrará en efecto este viernes. El secretario en funciones de Seguridad Interior, David Pekoske —a la espera de que el Senado confirme a Alejandro Mayorkas—, hizo público un memorándum pocas horas después de que Biden entrara en la Casa Blanca en el que se establecen límites muy estrictos para detener y deportar inmigrantes mientras el departamento revisa las políticas impuestas durante la era Trump.

Este informe del DHS es un primer paso para encontrar una solución a los más de 11 millones de personas sin papeles que viven en Estados Unidos, que han echado en este país raíces y cuyos hijos son ciudadanos norteamericanos. A pesar de la importancia que tienen en el día a día de la nación estas personas —trabajadores del campo, cuidadores, camareros o profesionales de más alto rango—, el Congreso de EE UU no ha aprobado una ley de peso sobre inmigración desde la Administración de Ronald Reagan en 1986. Biden pretende encontrar un camino a la ciudadanía para ese colectivo, algo en lo que fallaron —a pesar de intentarlo— tanto el presidente George W. Bush como Barack Obama.PUBLICIDAD

También inminente fue la orden de la Administración Biden de detener la construcción del llamado muro de la vergüenza (el muro con México) impuesto por Trump para frenar, según sus palabras, la entrada en EE UU de los mexicanos “violadores” y “criminales”. El 25 de enero de 2017, Trump firmó un decreto que autorizaba la construcción del muro en la frontera sur. El “gran, gran muro”, como lo calificaba el exmandatario, estaba llamado en las veleidades trumpianas a cubrir los más de 3.100 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y su país vecino del sur, México, que suponían “un grave riesgo para la seguridad nacional”.

El presupuesto inicial para el muro se cifraba en 25.000 millones de dólares y Trump advertía cada vez que podía que iba a ser pagado con dinero mexicano, incluso llegó a decir que ese país sufragaría la construcción aunque ellos no lo sabían. El expresidente republicano se valió de todos los métodos que tuvo a su alcance para poder desviar fondos que costearan el muro. Lo cierto es que la mínima parte de muro que se ha construido se ha hecho con el dinero procedente de los Departamentos de Seguridad Nacional, de Defensa y del Tesoro. Ni un peso mexicano.

Cuando Trump firmó la declaración del estado de emergencia nacional en la frontera el 15 de febrero de 2019 logró desviar para el muro unos 6.300 millones de dólares del Departamento de Defensa para la lucha contra las drogas. A ese monto se sumaron otros 3.600 millones del presupuesto del mismo departamento camuflados bajo la partida para construcciones militares, más unos 3.400 millones del presupuesto anual de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, siglas en inglés, que depende del Departamento de Seguridad Nacional). El Congreso logró aprobar más de 1.300 millones en 2018, lo que en total asciende a unos 15.000 millones, cantidad inferior a los 25.000 millones inicialmente presupuestados.

“Ya hemos construido 300 millas (480 kilómetros) del muro fronterizo”, presumió Trump el 28 de agosto pasado, en un mitin celebrado tras concluir la Convención Nacional Republicana que oficializó su candidatura a la reelección. Según los últimos datos de la CBP, el pasado 4 de enero se habían construido “452 millas” (unos 720 kilómetros) del llamado “nuevo sistema de muro fronterizo”. La cifra calculada por Trump era de unos 800 kilómetros a principios de este año.

Pero de nuevo, como casi todo en el universo Trump, el presidente no se ajustaba a la verdad. La inmensa mayoría de esos 700 kilómetros levantados para separar a EE UU de los inmigrantes en realidad figuraban como sustituciones o reparaciones de estructuras que marcaban la frontera ya existentes y que estaban deterioradas. Siguiendo datos oficiales, en realidad, el “gran, gran muro” de Trump se reduce a poco más de 120 kilómetros, ya que el resto de kilómetros son lo que se conoce como vallas primarias o secundarias, las que forman la naturaleza con las zonas montañosas, los desiertos y los canales en torno al río Bravo (o río Grande). De los más de 3.100 kilómetros de frontera, antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, existían barreras o vallas de separación en un tercio de ella, unos 1.000 kilómetros. El sueño faraónico de Trump se ha quedado en unos pocos kilómetros que, además, son ahora condenados al olvido.