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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio a conocer este jueves el Informe Preliminar de su sexto Estudio de Mercado, que abordó el mercado del gas en Chile en el período comprendido entre 2010 y 2020, enfocándose en los segmentos de gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural (GN).
En síntesis, se sugiere que “prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución” de gas licuado a los consumidores y propone cambios regulatorios al negocio del gas natural “para que baje el precio de ambos combustibles”.
Para desarrollar el estudio, la Fiscalía recopiló datos inéditos sobre el mercado del gas en Chile, obtenidos de diversas fuentes, entre los que se cuentan los actores del mercado y reguladores sectoriales, entre otros.
“Además, se realizaron reuniones con distintos actores del mercado, incluyendo distribuidores mayoristas y minoristas de GLP, distribuidores de GN, expertos y autoridades estatales. Finalmente, Gasco y Lipigas aportaron informes económicos”, afirmó la Fiscalía.
¿Qué propone directamente la FNE?
La recomendación de la FNE en el mercado del GLP busca fomentar la competencia prohibiendo que las empresas de distribución mayorista de este producto participen, ya sea directa o indirectamente, en la distribución minorista de gas licuado a los consumidores finales.
En la práctica, esta prohibición tiene por objeto que los distribuidores minoristas de gas licuado (5.600 actualmente en Chile) puedan vender cilindros de gas de cualquier marca sin estar “atado” a una compañía distribuidora mayorista de GLP, lo que les permitiría elegir libremente a la empresa que les ofrezca un mejor precio.
Mercado “no funciona adecuadamente”
En su análisis, la Fiscalía constató la hipótesis planteada al inicio del estudio: el mercado del gas en Chile no está funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva, y propone al Poder Ejecutivo tres recomendaciones para corregir dichas anomalías.
La FNE estima que, de acogerse sus recomendaciones, el precio de venta al público de cada cilindro de gas licuado debiese disminuir alrededor de 15% y que el precio del gas natural que pagan los clientes de Metrogas debiese bajar entre 13% y 20%.
El fiscal nacional Económico, Ricardo Riesco, señaló que “este estudio confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación”.
De acuerdo al informe, en el mercado de la distribución mayorista de GLP se observa una baja intensidad competitiva y algunos factores estructurales que hacen que el riesgo de coordinación entre competidores sea alto.
“La baja intensidad competitiva observada en el mercado del gas licuado ha producido que entre 2014 y 2020 los distribuidores mayoristas de GLP hayan aumentado sus márgenes mientras sus costos han caído, lo que significa que no han traspasado íntegramente a los consumidores finales las bajas que han tenido en sus costos”, sostuvo la FNE.
En el análisis, se agregó que las “imperfecciones” del mercado del gas natural se derivan principalmente de defectos en la regulación.
Por otra parte, la Fiscalía detectó que una excepción contenida en la última reforma a la Ley de Servicios de Gas, de junio de 2017, permitió a Metrogas, a través de Agesa, una empresa integrada verticalmente y no sujeta a regulación, aumentar el costo de la prestación de su servicio de distribución de GN.
“Ello se tradujo, desde febrero de 2017, en un aumento de entre 13% y 20% en el precio del gas natural residencial pagado por los clientes de Metrogas, equivalentes a entre US$78 y US$87 millones anuales”, puntualizó la Fiscalía.
De momento, sólo Abastible emitió un comunicado refiriéndose al informe de la FNE.
La empresa se comprometió a “revisar en profundidad” los antecedentes “con el objetivo de analizar cada uno de los puntos expuestos”, y plantear, de ser el caso, sus observaciones.
Abastible afirmó “un férreo compromiso con el bienestar de las comunidades” donde está presente, cuidando “un desempeño competitivo y transparente enfocado en contribuir a la calidad de vida de las personas”.
En esa línea, indicó que su prioridad es actuar bajo estándares de máxima seguridad y calidad “siempre en el marco de la normativa vigente, para potenciar un crecimiento sostenible en los ámbitos social, económico y medioambiental”.
