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Intendencia de Arica invoca Ley de Seguridad del Estado y se querella contra tres detenidos en desórdenes
La Intendencia de Arica y Parinacota invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado e interpuso una querella criminal contra tres individuos detenidos por Carabineros durante la jornada de desórdenes vivida la noche del lunes 28 en la capital regional.
Los sujetos (dos mujeres adultas y un adolescente de 16 años) fueron sorprendidos con especies sustraídas en el interior de una farmacia de la cadena “Cruz Verde”, ubicada en la esquina de calles 21 de Mayo con Colón, centro de Arica.
En el marco de este trámite, el intendente Roberto Erpel y abogados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se apersonaron este miércoles en el Juzgado de Garantía de Arica, donde un día antes los detenidos habían sido formalizados por la Fiscalía y notificados de una investigación de 70 días de plazo.
El intendente Erpel manifestó que “la noche del lunes y madrugada del martes fue una jornada marcada por hechos de violencia y delincuencia inaceptables, los que deben ser condenados por todos los sectores, sin ambigüedades”.
Explicó que esta querella se enmarca en un trabajo coordinado con Fiscalía y policías, con el fin de fortalecer la persecución de los delitos.
“Es fundamental distinguir a las personas que se manifiestan legítimamente y en forma pacífica de aquellos que solo buscan promover el caos y no tienen ningún interés en que las cosas mejoren en nuestro país”, indicó el jefe regional.
El recurso de la Intendencia, además de estos tres imputados, también está dirigido contra quienes resulten responsables de los ilícitos descritos en la letra “C” del artículo 6 de la Ley 12.927, es decir, contra “los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública”.
