Así operan las agencias de viajes contratadas por migrantes que entran a Chile por pasos no habilitados de Arica e Iquique

ALGUNAS TRASLADAN A SUS CLIENTES EN AVIÓN DESDE ARICA O IQUIQUE A SANTIAGO

Son agencias venezolanas y colombianas que ofrecen sus servicios a personas que burlan los controles fronterizos. Hacen propaganda en redes sociales, cobran de US$ 700 a US$ 830 y una de ellas recibe los pagos en una cuenta del Banco Falabella. Sus pasajeros atraviesan entre tres y cuatro países antes de entrar al norte de Chile por pasos no habilitados. Para evitar que les apliquen las normas sobre tráfico de migrantes, en cada país ocupan empleados locales que nunca traspasan las fronteras: dejan al cliente cuando está punto de cruzar a un nuevo territorio y apenas logra pasar lo recibe otro “asesor”. CIPER confirmó la existencia de siete de estas agencias. Al menos dos de ellas ofrecen a sus pasajeros trasladarlos en avión desde Arica o Iquique a Santiago, lo que fue confirmado por la Fiscalía y la PDI. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha establecido que en una de las muertes en la frontera estuvo involucrada una agencia.

Domingo Vivas González (51) cruzó la frontera desde Pisiga (Bolivia) hacia Colchane en la madrugada del 17 de marzo de 2021. Días antes, junto a su familia habían contratado a una agencia de viajes en Ecuador que les prometía llegar a Chile por pasos no habilitados. Tenían que pagar US$ 650 por cada pasajero y cuando llegaran a la última frontera —les dijeron— serían contactados por dos mujeres que trabajaban para la empresa en Chile. 

Se trataba de Marialy Cardozo y Lisset Castro, quienes junto a otras tres personas conformaban el brazo operativo de la agencia de viajes en nuestro país. Según habían acordado en Ecuador, una vez que cruzaran la frontera chileno-boliviana los recibiría un furgón, a cargo de Castro, con rumbo a Pozo Almonte, donde pasarían la noche. Al día siguiente, Cardozo les entregaría documentación falsa para que continuaran su viaje rumbo al sur. 

Pero Domingo Vivas nunca llegó. Cerca de la una de la madrugada cayó desplomado en pleno desierto, pues no soportó los más de 3.600 metros de altura que hay en la zona fronteriza cercana a Colchane. Fue abandonado por las personas que lo guiaban, se quedó con dos familiares y cuando fue encontrado por una patrulla de Carabineros ya era tarde: había muerto producto de un infarto agudo al miocardio.

Después de su deceso y tras las indagaciones de la Fiscalía local del Tamarugal, se instruyó a la Brigada de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI para que interceptara las llamadas de los miembros de la organización dedicada a ingresar de forma clandestina a ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos y colombianos. Así, se pudo establecer las coordinaciones del grupo y sus vínculos regionales—Mañana en la mañana debe estar llegando la gente que estaba en Lima, ya están en Pisiga.

— ¿Son cuatro personas?

—Sí, tres adultos y una niña de 10 años. Los pasan hoy en la madrugada.

Por estos hechos, Lisset Castro Mamani y Gustavo Fernández Bravo fueron condenados en sentencia abreviada por tráfico ilícito de migrantes y asociación ilícita, mientras Marialy Cardozo fue condenada por las mismas faltas y falsificación de instrumento público.

Hasta el momento, según las investigaciones que lleva el Ministerio Público, de las 19 muertes registradas en la frontera chileno-boliviana desde el inicio de la crisis migratoria, la de Domingo Vivas es la única en la que una agencia de viajes ha estado involucrada. 

CIPER identificó a siete de estas empresas de turismo, todas radicadas en Venezuela y Colombia, que difunden sus servicios por redes sociales: Conexiones Fer, Servi Travel, Latin Travel, JC & G, Omega Brasilia, Panatours y Conectando Destino.

Para conocer su forma de operar, se les consultó por WhatsApp por sus planes de viaje, precios y formas de pago. Todas ofrecen internar personas al país sorteando los controles migratorios por pasos no habilitados o trochas, para luego llegar a Santiago. Dos de las agencias consultadas aseguraron que el desplazamiento dentro de Chile se hacía a través de vuelos comerciales internos. Y una de ellas, sin entregar pruebas, indicó que pagaba sobornos para embarcar pasajeros en los vuelos nacionales.

La subprefecta Katherine Vásquez, jefa regional de la Bitrap en Tarapacá, confirmó a CIPER que el transporte aéreo desde Iquique a Santiago es hoy una “arista considerable” en este tema. Lo mismo dijo un fiscal de la zona que conoce las investigaciones penales relacionadas con tráfico de migrantes: 

En los últimos dos meses se ha estado detectando la incorporación de pasajes aéreos en este tipo de actividades, cuestión que antes no existía, eran sólo buses. Pero se ha detectado que ha habido una cantidad más o menos apreciable de personas extranjeras que están comprando pasajes en los últimos vuelos de la noche desde Iquique a Santiago—, señaló el fiscal.

La policía civil, según explicó a CIPER la subprefecta Vásquez, no tiene control sobre la nómina de pasajeros de los vuelos internos, por lo que no puede conocer la situación migratoria de quienes los abordan ni establecer quién compró su boleto: “Para obtener los registros de los viajes tenemos que contar con autorización judicial. Entonces, no tenemos la inmediatez de saber quién es el pasajero y quién compra el pasaje. Estamos trabajando en eso y se están pidiendo autorizaciones judiciales para tener los registros”, adelantó. 

Agregó que los vuelos internos de migrantes en situación irregular “quedan completamente fuera de lo que se considera como tráfico de migrantes. Es un vacío en la ley. Si algún día existiera alguna mejora de la normativa, se tendría que considerar ese tipo de cosas que hoy estamos viendo en la práctica”. 

CIPER consultó a Latam, Sky y Jet Smart, cuáles son los documentos que piden a ciudadanos extranjeros para tomar vuelos nacionales. Las tres aerolíneas confirmaron que cualquier persona puede viajar con su cédula de identidad o pasaporte y que para ellas es imposible determinar si su situación migratoria está en regla.

Para este reportaje se consultó a la Subsecretaría de Interior sobre cómo se planea enfrentar a estas agencias que fomentan el ingreso de migrantes que burlan los controles fronterizos. Desde esa repartición respondieron por escrito que “aún estamos en proceso de análisis de las distintas aristas que tiene el tráfico de personas hoy en nuestro país. Si existiera una deficiencia legal y fuera necesario, conversaremos con los actores indicados para pensar en una propuesta de reforma legislativa en la medida que se ajuste a los estándares internacionales”. 

UNA RED POR LATINOAMÉRICA

“Reuniendo familias”, “servicio de trocha” o “sin visa ni pasaporte”. Bajo esos mensajes publicitan su negocio en redes sociales las agencias que ofrecen sus servicios a extranjeros que finalmente ingresan por pasos no habilitados. Las siete empresas contactadas por CIPER prometen como destino de viaje distintas ciudades de Latinoamérica, entre ellas Santiago.

Según explicaron las mismas agencias, el viaje a Chile puede realizarse desde cualquier ciudad de Venezuela o Colombia, incluso Ecuador. Ninguna de ellas solicita documentos más allá de la cédula de identidad o pasaporte. El servicio que ofertan incluye alojamiento, alimentación, chips de celulares y monitoreo constante durante el trayecto por Sudamérica.

La travesía —cuyo precio va desde los US$ 700 hasta los US$ 830— incluye atravesar fronteras a través de trochas con la ayuda de “asesores” de las empresas de turismo, que son ciudadanos de los propios países por los que se debe cruzar para llegar a Santiago. Este método, dicen desde Fiscalía y PDI, se conoce como sistema de postas.

Estas empresas tienen agentes en los distintos países de Latinoamérica y van cambiando de buses o medios de transporte dependiendo el país en el que se encuentren. Son postas que van realizando con diferentes personas en todas las fronteras—, explicó a CIPER el jefe de la Fiscalía local del Tamarugal, Hardy Torres, quien dirige todas las indagatorias de tráfico de personas en Colchane. En relación a las agencias de viajes, existen cinco investigaciones en curso donde se les imputa ejercer la asociación ilícita para el tráfico de migrantes. A la fecha, ninguna de ellas está formalizada.

“Estas agencias en todos los países fueron tomando captadores o facilitadores, porque estas personas no son coyotes —eso hay que tenerlo en cuenta—, son empresas que venden un servicio”, aclara la subprefecta Vásquez. Y agrega que “empezamos a establecer que las postas consistían en que les sacaban fotos a las personas, luego cruzaban al siguiente país y en un terminal de buses o taxis los estaba esperando un sujeto que tenía las fotos de estas personas y les decían: ‘soy el encargado de la agencia de viajes y conmigo continúan el viaje’, pero siempre en el contexto del mismo país, luego hacían lo mismo en la siguiente frontera”.

Como método de pago, la mayoría de las empresas reciben efectivo a través de compañías de envío de dinero, como Western Union, Afex o Ria. Algunas también aceptan transferencias bancarias a cuentas de Bancolombia. 

Una de las agencias colombianas contactada por CIPER —llamada Panatours—, informó como medio de pago una cuenta del Banco Falabella a nombre de un ciudadano venezolano radicado en Chile. Desde esa institución financiera señalaron que la apertura de cuentas bancarias se ajusta a la normativa que establece la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y que cuentan con una unidad dedicada a monitorear “cualquier tipo de movimientos sospechosos”, para luego a alertar y entregar los antecedentes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Un funcionario del Ministerio Público, que tuvo acceso a las investigaciones, confirmó a CIPER que se han detectado agencias de turismo extranjeras con cuentas bancarias en Chile, con RUT de empresa y personalidad jurídica.  

VUELOS EN CHILE

Chacalluta, la frontera de Arica, es otro de los pasos ocupados por migrantes que ingresan de manera irregular y que han contratado los servicios de las agencias consultadas. En uno de los contactos por WhatsApp, la empresa JC & G —radicada en la ciudad venezolana de San Cristóbal— explicó que para contratar sus servicios se debe pagar antes la suma de US$410 y luego, cuando los clientes arriban a Tacna, se cancela el mismo monto. Una vez en Arica, aseguraron en la comunicación, el viaje a Santiago se hacía en avión a través de Jet Smart. En esa aerolínea declinaron referirse al tema. 

Desde la Fiscalía señalaron que en esa región no existen a la fecha investigaciones abiertas en contra de agencias de turismo contratadas por extranjeros que ingresan burlando los controles. “Tenemos varias investigaciones en curso por tráfico de migrantes, pero por ahora no hemos detectado empresas de viajes con esa estructura”, señaló Trinidad Steinert, quien dirige la Fiscalía local de Arica.

JC & G y Latin Travel, otra de las agencias contactadas por CIPER, son las dos empresas que ofrecen vuelos internos para llegar a Santiago. La primera desde Arica, mientras que la segunda desde Iquique. En concreto, cualquier ciudadano extranjero puede comprar un pasaje aéreo al interior del país con algún documento que acredite su identidad. Aunque la PDI no tiene acceso a las nóminas de los vuelos internos, sí cuenta con el registro de los migrantes que se auto denuncian por haber entrado al país de forma irregular —que hoy asciende a más de 90 mil personas—, pero esa base de datos no es utilizada para determinar la situación migratoria de quien ocupa un pasaje aéreo nacional.

En todo caso, trasladar dentro del país a un ciudadano extranjero que entró de forma irregular no está tipificado como ilícito en la ley 20.507, que penaliza el tráfico de migrantes y la trata de personas.

Según explican en la PDI, viajar por avión no representa ninguna ventaja en comparación con realizar el mismo trayecto hacia Santiago en bus, pues se exige la misma documentación. Sin embargo, desde la Asociación Venezolana en Chile (Asoven) aseguran que algunas líneas de buses en la Región de Tarapacá solicitan la declaración de auto denuncia e incluso el comprobante de solicitud de regularización migratoria a quienes desean comprar pasajes, lo que dificulta el desplazamiento dentro de Chile.

UNA ESTRUCTURA INDETECTABLE

Desde la Subsecretaría de Interior, a cargo del exdiputado Manuel Monsalve (PS), reconocieron que la dificultad para desbaratar a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes radica en su carácter transnacional y que por ello los esfuerzos deben ser internacionales: “El rol de los países donde también operan estas bandas debe ser su combate para desbaratarlas en una lucha conjunta, que no pasa única y exclusivamente por Chile. (…) Se requiere de relaciones diplomáticas con los países donde operan estas redes, pues para desarticularlas se necesita un trabajo coordinado”, señaló una respuesta por escrito enviada por la subsecretaría a CIPER.

Las agencias de viajes que ofrecen servicios a personas que terminan ingresando de manera irregular a Chile no son consideradas organizaciones que burlan la ley, debido a que utilizan el sistema de postas para trasladar a sus clientes y en cada país funcionan con empleados locales. Es una estructura diseñada —coinciden los especialistas— para eludir la persecución penal.

El tipo penal de la manera en que está redactado implica que los imputados traspasen la frontera o presten la facilitación para el traspaso de un país a otro, y por lo tanto si un sujeto no participa de esa dinámica aun cuando transporte migrantes irregulares al interior del país, no está cometiendo el delito de tráfico de migrantes—, explicó a CIPER el fiscal Hardy Torres.

En Arica, en la frontera con Perú, también se genera el fenómeno de taxis regulares e irregulares que trasladan a migrantes que entran por pasos no habilitados, cuando ya están en territorio chileno. “Hay una discusión respecto de si esa conducta está dentro de lo que podríamos llamar tráfico de migrantes, porque ellos no salen del país a traer las víctimas de este delito, lo hacen una vez dentro”, enfatizó la fiscal Trinidad Steinert.

La ley 20.507 fue promulgada en abril de 2011 y en ese entonces, como indica el texto que entró a la Cámara de Diputados, para los legisladores ya eran una preocupación las bandas que traficaban personas y el crimen organizado que se ejercía a nivel transnacional. “Ahora se tendría que considerar a estas empresas y su sistema que estamos viendo con la práctica, porque hay que pensar que la ley es de diez años atrás”, dice la jefa regional de la Bitrap en Tarapacá, Katherine Vásquez. 

Para la subprefecta de la PDI, una de las actualizaciones que debería tener la normativa es que se penalice a aquellas personas que trasladan migrantes dentro del mismo territorio a sabiendas de que su entrada al país fue irregular. Pero Claudia Cárdenas, penalista y directora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Chile, difiere de esa visión y dice que una redacción de esa naturaleza resultaría ambigua: “Cualquier persona que brinde ayuda humanitaria a un migrante podría verse involucrado en una conducta punible, lo que no sería conveniente. Si se hace un tipo penal nuevo, debería ser acotado”.

Otro aspecto que dificulta la persecución penal a estas organizaciones es que nunca funcionan bajo el mismo nombre por un periodo de tiempo prolongado. Cambian su identidad constantemente, modifican sus logos, teléfonos, páginas web y redes sociales. “Nunca es la misma agencia”, subraya el fiscal Hardy Torres

Fuente: ciperchile.cl