Tomas VIP en el sector sur de Antofagasta: dirigente del Partido Socialista entre las involucradas

La Seremi de Bienes Nacionales Angelique Araya indicó que los terrenos cercados en el sector del Huáscar son ocupaciones ilegales y procederá a su restitución: “Tenemos que ser justos. Las tomas son ilegales, ya sean en un barrio residencial o de alta densidad”. Por su parte, Jaqueline Santander, vicepresidenta de la Mujer y Género del PS Antofagasta, se defendió señalando que “no es la misma situación que se da en el sector norte”, recalcando además que falta voluntad política para regularizar pues hay otros casos en las mismas condiciones que se logró tras años de tramitación. “Estoy intentando hacer las cosas dentro del marco legal y por eso ingreso esta carpeta para pagar el arriendo”, aseguró la militante oficialista.

A fines del año pasado, vecinos del sector Huáscar, en el extremo sur de Antofagasta, notaron que un terreno frente al camping municipal era cercado con material sólido. Esto llamó la atención de los residentes ya que, según lo indicado por la Seremi de Bienes Nacionales (BBNN), el punto en cuestión está fuera de loteo y, por lo tanto, no puede permitirse ningún tipo de uso en el lugar que ahora está delimitado con panderetas de cemento. Sin embargo, esto no fue impedimento para que se instalaran las personas ahí, incluyendo a la militante socialista Jaqueline Santander (PS), abogada, excandidata a senadora por dicho partido y también parte de la recién asumida directiva regional del mismo.  

Quienes viven en el sector aseguraron desconocer cómo estas construcciones lograron levantarse sin autorización estatal, señalando que incluso se utilizó maquinaria pesada para nivelar un trozo del cerro con el terreno cercado.

Angelique Araya, seremi de Bienes Nacionales, manifestó que es común pensar que en los sectores más vulnerables es donde se producen la toma. “Y sí, se da en esos espacios pensando que hay una necesidad que pasa por no tener una primera vivienda. Más allá de que hemos denunciado venta ilegal de terreno, estafas que se aprovechan de las personas aprovechándose de su necesidad, con precios de $500 mil, un millón de pesos o hasta cinco millones. Pero también nos encontramos con estas situaciones de barrios residenciales donde ocurren tomas, por supuesto, con otras características”, declaró.

Sobre lo que está ocurriendo frente al camping municipal, Araya sostuvo que “claramente no hay necesidad de una vivienda”, agregando que observan más recursos involucrados y por eso es otro tipo de construcción, consolidada y con mayor inversión.

La seremi precisó que al asumir el cargo le explicaron que en diciembre del 2021 ya habían fiscalizado el sitio en cuestión y se solicitó a la Delegación Presidencial el desalojo. Y en este proceso se percataron que estas tomas avanzaron rápidamente porque se construyó una pandereta. Lo más delicado, dijo, es que se construye sobre un terreno en una zona que no cumple con el uso de suelo ni para su proyección. Incluso, expresó que hay otra parte que cae en una zona que no es edificable y está fuera del plano.

“Tenemos que ser justos. Las tomas son ilegales, ya sean en un barrio residencial o de alta densidad, con una consolidación importante de la construcción o en otros sectores que son más vulnerables con construcciones muy precarias. Nosotros estamos empeñados en ordenar, planificar y para eso tenemos que desalojar sea donde sea, no importa que tengan una construcción mayor”, adelantó Araya.

La seremi expuso que ya han fiscalizado esos terrenos dejando incluso cuatro notificaciones de desalojo y ya se mandó la solicitud a la Delegación para que se efectúe. Sin embargo, la personera aclaró que por al tratarse de tomas más consolidadas es más complejo desalojar, porque hay que contratar maquinaria, el recurso humano necesario es mayor y muchas veces no cuentan con todos los recursos económicos para ejecutar de manera inmediata.

“Hay que recordar también que estos dineros con los que se contrata maquinaria y personal para desalojar, es parte de los impuestos que pagan todos los chilenos. Trabajamos esto coordinados con la Delegación, nuestra delegada tiene la misma postura nuestra. Tenemos que coordinar, ver de dónde sacamos los recursos, pero en este minuto, la parte nuestra como Bienes Nacionales, de fiscalizar, dejar las notificaciones y enviar la solicitud a la Delegación, que tiene que ver toda la logística. Es un trabajo coordinado, pero, la fecha la esperamos de la Delegación”, reconoció.

La tarea de desalojar es la parte más difícil de la cartera que dirige, indicó Araya, aunque al mismo tiempo entienden que es necesaria porque las personas no pueden llegar y tomar terrenos. “Por ejemplo, en este caso, que están fuera de plano, una parte ocupándola dentro de un equipamiento de área verde. No se puede permitir, como tampoco podemos permitir aquellos terrenos donde ya hay una planificación, un proyecto para soluciones habitacionales y que se los tomen. Debiésemos ser más respetuosos al respecto y no estar tomando terrenos porque se antoja o no sé qué pensarán en estos casos respecto de ‘nos tomamos un terreno, construimos, no nos van a sacar’. Las tomas donde sea son ilegales, no se regularizan y se desalojan”, resumió la seremi.

Dirigente socialista involucrada: “No es la misma situación que se da en el sector norte”

Jacqueline Santander, vicepresidenta regional de la mujer y género en el Partido Socialista (PS), es una de las personas que tiene un terreno cercado en este lugar, pero se defiende señalando que “tengo una construcción, estoy en una tramitación administrativa en Bienes Nacionales desde principios de año. Ellos emitieron una orden de desalojo que no es procedente teniendo una carpeta ingresada”, puntualizó.

Santander manifestó que administrativamente está solicitando el arriendo de un inmueble fiscal, proceso que se realiza a través de un formulario en la página de Bienes Nacionales, donde ingresa la documentación que respalda lo petición para el lugar. “Esto es lo que hice, ellos decretaron una orden de desalojo y esa orden no se pudo llevar a cabo porque había una tramitación pendiente y actualmente sigo teniendo una carpeta ingresada en Bienes Nacionales para solicitar la regularización del lugar y pagar un arriendo como corresponde al Estado”, aseguró.

Al ser consultado sobre si la tramitación del arriendo inició antes o después de la construcción, relató que ocurrió en paralelo. “Ellos (Bienes Nacionales) siempre van a decir que es una ocupación ilegal, pero en realidad yo cerré y al ingresar una carpeta paso a tener una ocupación irregular, no ilegal, porque estoy haciendo una tramitación para pagar una arriendo. No es la misma situación, por ejemplo, que se da en el sector norte, las personas ahí no hacen solicitudes de arriendo de inmueble fiscal. Además, no hubo ningún tipo de fuerza al momento de cercar el lugar, entonces no hay una ilegalidad como ellos lo señalan”, insistió.

Santander complementó que Bienes Nacionales debe reconocer que, si está dentro del mismo ministerio poder realizar la tramitación, está todo dentro de lo que corresponde, de lo legal. Esto, porque explicó que la ley faculta hacer este tipo de cosas para facilitar la regularización.

“No soy la única persona en el Huáscar, hay muchas que también lo están haciendo y algunas tienen ya regularizadas sus propiedades desde hace tiempo. Tengo un número de solicitud, hice el ingreso a principios de año y ahora volví a realizar otro. Estoy intentando hacer las cosas dentro del marco legal y por eso ingreso esta carpeta para pagar el arriendo, porque a través de esta solicitud, uno pasa a pagar un arriendo al Estado por la ocupación”, declaró.

Respecto de la clara postura que manifestó la Seremi de Bienes Nacionales sobre esta situación, Santander agregó que tiene conocimiento de personas en otros sectores que llevan tiempo tratando de regularizar y que también conoce a una persona en el sector que se demoró bastante años, pero lo logró.

“A veces más que todo es un tema de, por decirlo de alguna forma, voluntad política. El ejemplo que doy, si una persona logró que la regularizaran, aunque demoró años, yo también puedo lograrlo, porque en el fondo estoy en el mismo sector, no podría existir una diferencia de por qué alguien sí y otro no. Ellos dicen que es ilegal, pero tampoco dicen que las personas están haciendo tramitación en Bienes Nacionales para regularizar y eso te deja en una calidad de no ilegal, sino de irregular, tratando de regularizar”, especificó.

Fuente: timeline.cl