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Una fue presentada por el diputado Luis Cuello (PC) contra quienes resulten responsables y en la cual también se pidió que se le tome declaración al diputado Jorge Alessandri (UDI). La otra fue ingresada por el abogado Luis Mariano Rendón, quien apunta contra el fiscal de La Araucanía.
Este sábado se ingresaron dos acciones judiciales por violación de secreto en el marco de la filtración del telefonazo de una asesora de la exministra Jeanette Vega al líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
Esta mañana el diputado Luis Cuello (PC) presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables en la cual, además, pidió a la Fiscalía de La Araucanía que recoja el testimonio del diputado Jorge Alessandri Vergara (UDI) “a fin que facilite la información que tenga a su disposición”.
Sobre su petición respecto a Alessandri, Cuello indicó que el gremialista ha dicho públicamente que “él maneja información respecto de la filtración y, por lo tanto, maneja antecedentes sobre la comisión de un delito, que es la violación de secreto”.
“Es por esto que hemos pedido también al fiscal regional que solicite el testimonio del diputado Alessandri para que cuente todo lo que sabe respecto de los hechos que forman parte de esta filtración que tiene todas las características de una operación política del Rechazo”, lanzó.
“Nos parece muy grave que se haya filtrado un informe reservado de la PDI que contiene la transcripción de una llamada telefónica interceptada”, partió el legislador en una declaración a los medios.
Luis Mariano Rendón y filtración en caso Héctor Llaitul: “A lo más he escuchado al presidente Boric formular ‘peticiones’ a través de los medios para que se investigue”
La otra acción legal fue presentada pasadas las 13:00 horas de esta jornada por el abogado Luis Mariano Rendón contra el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, y todos los funcionarios públicos que resulten responsables.
“Han pasado dos días completos desde que se dieron a conocer estas filtraciones de conversaciones privadas que son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de la investigación en curso”, comentó el abogado a través de un comunicado.
“He esperado que el Gobierno interponga la correspondiente querella y a lo más he escuchado al presidente Boric formular ‘peticiones’ a través de los medios para que se investigue”, criticó.
Como Rendón no supo de ningún parlamentario que tomara cartas en el asunto, lo que tampoco ocurrió por parte de fiscal nacional, “por eso me veo obligado yo, un simple ciudadano, a poner nuevamente en marcha el proceso penal a fin que estos hechos no queden en la impunidad”, aseguró.
“Si bien los hechos materia de la querella afectan a las comunicaciones de una persona en específico, el señor Llaitul, con quien no me une ningún vínculo y con cuyo actuar público por lo demás no siento ninguna simpatía, constituyen al mismo tiempo un nefasto precedente de alcance general”, fustigó.
“Estas filtraciones de conversaciones privadas penalmente irrelevantes dejan absolutamente cuestionada la técnica investigativa de la interceptación telefónica a los ojos de la ciudadanía. Estos hechos deben ser sancionados”, cerró.
La polémica que causó la filtración produjo la primera baja en el gabinete del presidente Boric y Llaitul actualmente cumple prisión preventiva en el Penal Bío Bío de Concepción.
