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En medio del anuncio de la renuncia de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, el Presidente se hizo cargo por primera vez de una serie de cuestionamientos e incoherencias en la comunicación de los beneficios.
“Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos, y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera”.
Así empezó su alocución en el Palacio de la Moneda el Presidente Boric, con la cual despejaba el incierto futuro de la ahora exministra Marcela Ríos, quien desde que se anunciaron los 13 indultos concedidos a presos del estallido y al exfrentista estuvo en el ojo de las críticas por parte de la oposición.
Cuestionamientos que finalmente decantaron en el anuncio de una acusación constitucional en su contra y en la presentación de una acción penal en su contra por el delito de prevaricación por el indulto concedido al exfrentista Jorge Mateluna; y que hoy culminaron con la solicitud de su cargo por parte del Presidente Gabriel Boric y con el anuncio de llegada del abogado Luis Cordero a la cartera de Justicia.
En el anuncio de Boric, sin embargo, tuvo lugar otro hecho relevante: el Mandatario se hizo cargo por primera vez de una serie de cuestionamientos e incoherencias en la comunicación de los indultos, que se detectaron el mismo día del anuncio, el pasado viernes 30.
Aunque no profundizó mayormente en el punto, ni tampoco especificó; sí reconoció por primera vez que “hubo desprolijidades” en la decisión presidencial.
Una de esas primeras “desprolijidades” o incógnitas tuvo lugar el mismo 30 de diciembre, fecha en que se anunció la medida. Y es que luego de que Presidencia enviara el comunicado oficial del gobierno, que contenía una lista de once indultados, un funcionario de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Justicia detectó que la nómina presentaba errores.
La equivocación, tal como fue manifestado en privado y de forma explícita por Justicia, fue que Luis Castillo Opazo (37) y Sebastián Montenegro Coo (25) no estaban indultados. Esto último iba remarcado en mayúsculas y negrita. Precisamente esos beneficiados por el Presidente Boric mantienen un amplio prontuario policial previo al estallido social.
Una semana después, cuando la cartera de Justicia publicó los decretos presidenciales a través de transparencia activa, se pudo comprobar que los indultos de Castillo Opazo y Montenegro Coo estaba firmados el mismo viernes, a diferencia de los once restantes que estaban firmados el jueves 29 de diciembre. Lo que reafirma la primera versión entregada por los funcionarios de Justicia, que apunta a que Castillo y Montenegro no estaban considerados -al menos de forma inicial- en la concesión de los beneficios presidenciales.
Finalmente, la cadena de errores en el otorgamiento de los indultos -además de generar una profunda crisis en el gobierno- desencadenó en la renuncia de la otrora ministra de Justicia, Marcela Ríos, la primera autoridad que asume con su cargo la responsabilidad política de la serie de desprolijidades e incongruencias.
Fuente: latercera.com
