Unidad de Alta Complejidad obtiene penas de presidio efectivo para acusados por delitos de cohecho

Cuatro acusados son ex funcionarios de carabineros que recibían dinero a cambio de facilitar la salida ilegal de productos desde Chile

Distintas penas que suman 39 años y 181 días de presidio efectivo obtuvo la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica y Parinacota en contra de 5 personas, por su participación, durante el año 2019, en diversos delitos de contrabando, soborno y cohecho. De los acusados, cuatro corresponden a ex funcionarios de carabineros que ejercían funciones en unidades fronterizas de la Provincia de Parinacota y General Lagos, los que recibían dinero a cambio de facilitar la salida ilegal de productos desde Chile.

Así, y luego de presentar una serie de pruebas acusatorias en el juicio oral, se condenó a Jorge Contreras Montero a una pena de 10 años y un día de presidio por seis delitos de cohecho y a 541 días por un delito de soborno. Asimismo, los acusados Cristian Duhart Huecha y Cristóbal Cabrera Cancino recibieron, cada uno, una sentencia de 10 años y un día de presidio por cuatro ilícitos de cohecho. En tanto, Hans Navarrete Mendoza fue condenado a 3 años y un día por un delito de cohecho, mientras que el único civil Ignir Mita Apaza fue condenado a 5 años y un día por dos delitos de soborno y a una pena de multa por contrabando.

La indagatoria de la Fiscalía fue trabajada en conjunto con Carabineros y la PDI, permitió en mayo de 2019 detener a los acusados, estableciéndose que los ex policías recibieron sumas de entre 160 mil hasta un millón de pesos por facilitar las acciones de contrabando, desde dar aviso a los transportistas de los lugares y horas en que se harían fiscalizaciones hasta dejar salir ilegalmente los vehículos por pasos no habilitados.

La investigación se inició en febrero de 2019 cuando a través de interceptaciones se detectó que los acusados acordaban con los dueños de camiones y los choferes el momento y lugar en que los vehículos saldrían con la carga desde nuestro país, así como los montos a pagar por dicha acción ilícita. Así, se estableció que en varias oportunidades los ex policías controlaban a los camioneros en el altiplano y se contactaban con los dueños de los vehículos negociando el monto a pagar para dejar salir ilegalmente la mercadería del país.

En otras oportunidades, los comerciantes llamaban a los uniformados consultándoles sobre las horas en que saldrían a fiscalizar, a objeto de ocultar su carga. También se estableció que algunas veces los efectivos se juntaron con los transportistas en Arica para hacer el cobro del dinero o que incluso se hacían transferencias a sus cuentas bancarias.

“Creemos que las altas penas impuestas a los acusados corresponden a la gravedad de los delitos que cometieron, dado que se aprovecharon de su condición de funcionarios públicos para facilitar estos ilícitos a cambio de dinero. Fue una investigación compleja y de largo aliento que nos permitió acreditar su participación en los hechos”, señaló Carlos Eltit, fiscal coordinador de la Unidad de Alta Complejidad.