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Ocurrieron en 2009. El ex presidente cocalero reconoció que fue él quien ordenó el operativo contra ciudadanos extranjeros
Familias de Irlanda y Hungría consiguieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acuse al gobierno de Evo Morales (2006-2019) de haber asesinado a tres personas en abril de 2009. La comisión dice haber encontrado indicios de que los policías que actuaron en el hotel Las Américas de Santa Cruz y mataron a Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michael Dwyer, los torturaron y ejecutaron. El primero, un boliviano-húngaro, el segundo húngaro y el último irlandés, con una familia decidida a conseguir que se haga justicia.
El Estado boliviano podría ser llevado ante tribunales internacionales, salvo que la justicia boliviana inicie una acción contra el expresidente cocalero.
Un video que todavía se puede ver en Youtube revela cómo Evo Morales informa a sus amigos Hugo Chávez y Raúl Castro cómo fue que él mismo ordenó el operativo de la policía boliviana. Ni el cocalero ni el gobierno han reaccionado todavía ante los cargos de la CIDH, que encuentran a los líderes del MAS en plena campaña electoral para las elecciones de 2025.
El gobierno de Morales dijo en 2009 que un grupo armado estaba preparando atentados terroristas y se proponía apoyar un movimiento separatista de los dirigentes cívicos de Santa Cruz. En ese afán, el gobierno de Morales consiguió no solamente matar a los mencionados supuestos terroristas, sino acusar de complicidad a decenas de políticos y empresarios de Santa Cruz.
La causa de “terrorismo y separatismo” llevó a la cárcel a importantes empresarios y dirigentes cívicos y abrió un largo juicio en que el abogado Gary Prado, hijo del general del mismo nombre que capturó al Che Guevara en 1967, defendió a los dirigentes de Santa Cruz.
Pero la justicia boliviana, manejada por Morales, no dio brazo a torcer y consiguió que los crímenes queden impunes, mientras las fuerzas cocaleras comenzaron a avanzar sobre el territorio de Santa Cruz, incendiando miles de hectáreas de selvas amazónicas.
Con aquel operativo contra el “terrorismo y el separatismo” se había abierto el camino para la captura de grandes territorios de Santa Cruz, que son los que separan al Chapare de la droga, con Brasil, el principal mercado de consumo de las Américas. Los cargos de la CIDH coinciden ahora con el anuncio del ministro de Justicia, Iván Lima, de iniciar una investigación sobre los contratos firmados por el cocalero Morales entre 2006 y 2019.
Morales ha respondido diciendo que quizá el ministro Lima no se ha percatado de que estaría investigando, en ese caso, incluso al presidente Luis Arce, quien en aquella época fue ministro de Economía.
La investigación descubrirá que el gobierno de Morales firmó contratos con sobreprecio, no llamó a licitaciones, no hizo estudios de factibilidad para inversiones por cientos de millones de dólares, lo que fue posible gracias a que controlaba la Contraloría y el parlamento.
Si se abriera un juicio contra Morales en la justifica boliviana serían cientos las acusaciones, comenzando por el asesinato de los esposos Andrade, masacrados por los cocaleros de Chapare. El dirigente minero Filemón Escobar dijo que él estuvo presente en la reunión en que Morales ordenó el asesinato de esos esposos. El esposo Andrade era capitán de la policía que investigaba el tráfico de cocaína.
Los cargos que llegan ahora encuentran a los dirigentes de Santa Cruz lanzados a una campaña para acabar con el centralismo mediante la aplicación del federalismo.
El presidente Arce se propone dividir a los dirigentes de Santa Cruz, el departamento que produce 70% de los alimentos que se consumen en Bolivia y se ha convertido en el que más población tiene.
Ante eso, Arce se propone aplazar la realización del censo nacional que debía hacerse este año. El censo descubriría que Santa Cruz es el departamento más poblado y le corresponden más diputados que La Paz. Y eso no quiere el masismo.
