La investigación de la CIDH sobre torturas y ejecuciones sumarias que podría llevar a Evo Morales a la Corte Penal Internacional

Tras el informe presentado por el organismo internacional, el presidente Luis Arce quedó en una encrucijada: permitir una investigación imparcial en su país contra el líder cocalero, o no acceder a su responsabilidad y dar lugar a que la Comisión presente una acusación ante el máximo tribunal

Evo Morales vuelve a estar implicado en acusaciones de violaciones a los derechos humanos en Bolivia durante su mandato (2006-2019). Un contundente informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en 2009 las fuerzas de seguridad que respondían al líder cocalero ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a tres extranjeros y dos bolivianos, que fueron acusados en ese momento de presuntos actos de terrorismo.

El informe confidencial, responde a una petición formulada en septiembre de 2009 por el abogado Gerardo Prado Herrera y la madre del joven irlandés Michael Dwyer, una de las víctimas del operativo que llevó a cabo un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis -grupo de élite de la Policía- la madrugada del 16 de abril de ese año en el hotel Las Américas, en Santa Cruz.

La petición alegaba la “responsabilidad internacional” del Estado boliviano por la “ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de las presuntas víctimas”. En el operativo fueron torturados y ejecutados Eduardo Rózsa Flores (boliviano-húngaro), Arpad Magyaroisi (húngaro) y Michael Dwyer (irlandés); mientras que el croata-boliviano Mario Tadic, el húngaro Elöd Tóásó, y los bolivianos Juan Guedes y Alcides Mendoza, sobrevivieron, pero fueron detenidos.

El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, después de que el gobierno interino de Jeanine Áñez y la Fiscalía de Bolivia retiraran sus acusaciones. La medida se tomó por decisión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado retiraba las acusaciones, ya que dejaba de ser denunciante del caso.

El informe confidencial de la CIDH fue comunicado a la Procuraduría General del Estado boliviano en diciembre de 2021, y recién esta semana trascendió de forma no oficial en la prensa local e internacional. El mismo responsabiliza directamente al Estado nacional y no a las fuerzas de Santa Cruz. Según la comisión de la CIDH, el gobierno del entonces presidente Evo Morales dio la orden de proceder en un operativo sin ninguna orden judicial ni fiscal. El líder cocalero sostuvo por ese entonces que una célula terrorista supuestamente pretendía la secesión de la región cruceña y atentar contra su vida.

Consultado sobre estas conclusiones de la CIDH, el Ministerio de Justicia indicó en un comunicado que el contenido del reporte “se encuentra bajo reserva y confidencialidad” por lo que “no puede emitir ningún criterio”. El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en tanto, dijo que una vez que se levante la confidencialidad el Gobierno se pronunciará al respecto.

La CIDH da cuatro recomendaciones a las autoridades bolivianas. Una de ellas es “iniciar una investigación penal y dar con los responsables” en el país. Para evitar un juicio internacional, el Gobierno debe atender y cumplir esas cuatro recomendaciones. Esto pone en una encrucijada al presidente Luis Arce, quien tendría en sus manos un juicio en contra del ex jefe de Estado, y líder de su partido, Evo Morales. Pero en caso de no acceder a su responsabilidad, daría lugar a que la comisión acuse al Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Al tratarse de graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir esta recomendación”, indica el documento.

Marco Antonio García Claros, ex presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba y ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, explicó a Infobae que el caso podría incluso llegar hasta la Corte Penal Internacional (CPI), ya que la familia de Dwyer también presentó el caso ante el Parlamento Europeo y ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales. “Al tratarse de delitos de lesa humanidad, como es el hecho de haber sido ejecutados extrajudicialmente, torturados, detenidos arbitrariamente, juzgados sobre hechos inexistentes y perseguidos, las consecuencias pueden ser imprevisibles. Pueden ir desde el resarcimiento a las familias de las víctimas, hasta el cuestionamiento del sistema judicial boliviano”.

Si el Gobierno no cumple con su responsabilidad, y el caso es elevado a la Corte Interamericana, el experimentado abogado indicó que la acusación “sería contra el Estado boliviano, independientemente de los actores” implicados.

Sin embargo, reconoció que “es difícil pensar” que el presidente Arce habilite una investigación imparcial: “Mientras el sistema judicial siga funcionando así, cooptado por el poder, es difícil pensar que haya un juzgamiento. Lo que hay es un encubrimiento por parte del Gobierno”. En ese sentido, afirmó que “el principal responsable” de las torturas y ejecuciones extrajudiciales señaladas en el informe del CIDH es el propio Evo Morales: “El principal responsable es él, y hay una cadena de responsables, que va desde el ex vicepresidente Álvaro García Linera, hasta Juan Ramón Quintana [ex ministro de la Presidencia], Carlos Romero [ex ministro de Gobierno], Sacha Llorenti [ex ministro de Gobierno], y otros tantos”.

Luego de que las conclusiones de la CIDH salieran a la luz, el líder cocalero se defendió señalando que se busca direccionar el caso “Terrorismo” en su contra como parte de un “plan negro”, y apuntó contra ciertos sectores de su partido. “Denuncio ante mi pueblo y militancia del MAS-IPSP que operadores del plan negro, al ver que fracasó investigación y acusación con cartas falsificadas para proscribir al MASIPSP y su dirigencia nacional, ahora tratan de direccionar caso de Terrorismo separatista en nuestra contra”, señaló en redes sociales.

Asimismo, el ex presidente pidió que se reabra el caso “para lograr una sanción ejemplar a los que atentaron contra la unidad de la Patria”. “Atentar contra la integridad de Bolivia merece la pena máxima”, indicó el líder del MAS, quien afirmó que eso “es traición a la patria”. “Evo Morales considera que sigue gobernando, entonces da instrucciones aquí, allá… Se ha convertido en el paladín de la anticorrupción, lo cual es mucho cinismo de su parte”, comentó García Claros.

Antes de ser admitida la demanda -el 4 de abril de 2018-, Evo Morales advertía que, si la CIDH “admite la demanda del caso hotel Las Américas, entonces, la CIDH es defensora del terrorismo y del separatismo que quiso dividir la Patria y enfrentar a hermanos bolivianos en 2009″. Años después, el documento con las conclusiones fue firmado, entre otros, por la entonces presidenta del organismo, la chilena Antonia Urrejola, actual canciller del gobierno izquierdista de Gabriel Boric. Además, según el artículo 49 del reglamento de la comisión, suscribe la secretaria ejecutiva adjunta, la chilena Marisol Blanchard, también alineada a la izquierda de su país.

Además, las denuncias del líder cocalero sobre un supuesto plan secesionista y de un intento de atentado en su contra nunca fueron probadas.

Pruebas contundentes contra el gobierno de Evo Morales

Cuando ocurrió el brutal asalto de la Policía boliviana, Morales se encontraba en Venezuela, donde informó a sus amigos Hugo Chávez y Raúl Castro que fue él mismo quien ordenó el operativo. El momento, incluso, quedó registrado por la televisión venezolana.

Las cámaras de seguridad del hotel, dice la CIDH, fueron apagadas desde el 15 de abril, cuando ingresaron las presuntas víctimas. Tampoco hubo internet desde las 3:10 de la madrugada, minutos antes del operativo y el servicio fue restablecido a las 9:00 de la mañana. Se habrían eliminado videos y registros de internet del hotel y personal del Ministerio de Gobierno estuvo alojado en el mismo.

Según constató la CIDH, Michael Dwyer, ciudadano de 25 años “se encontraba durmiendo en la habitación 457 del hotel, cuando se produjo el operativo”.

Y agrega que existe controversia entre las partes en relación con el momento en que esa muerte ocurrió. Por un lado, la parte peticionaria sostiene que Dwyer fue ejecutado de manera arbitraria en un aeropuerto de la ciudad de Santa Cruz, luego de que el operativo tuvo lugar en el hotel. Por otra parte, el Estado sostiene que su muerte tuvo lugar como resultado de un enfrentamiento a fuego cruzado que se produjo en el hotel. La CIDH analizó las dos hipótesis.

La comisión constató que “de acuerdo a la autopsia realizada en Bolivia los impactos de proyectil en el tórax y el abdomen comprometieron ambos pulmones, donde existían amplias laceraciones que determinaron un cuadro de anemia aguda’. La segunda autopsia realizada en Irlanda sugiere que hubo un disparo desde la parte delantera y los otros cinco fueron por detrás. El disparo de frente recibido en el pecho habría sido suficiente para causar la muerte y el levantamiento del cadáver se realizó en el hotel”.

El análisis de la comisión en la habitación, indica que aún en el supuesto enfrentamiento armado, la CIDH considera que seis disparos de los funcionarios estatales, uno de ellos en el pecho, fueron extremos y fatales. “Llama la atención que cinco disparos hayan sido por la espalda, lo cual evidencia ventaja en la posición de los funcionarios”.

“Por todo lo anterior, la comisión concluye que la muerte de Dwyer resulta atribuible al Estado y constituye a una privación arbitraria de la vida, establecido en el artículo 4 de la Convención Americana del “derecho a la vida” y en su punto 1, que advierte: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

La comisión también analizó las condiciones de las detenciones y las torturas cometidas contra Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.

Sobre Tadic y Tóásó estableció que fueron detenidos en el hotel Las Américas sin mandamiento de aprehensión ni orden de allanamiento. La comisión destaca que el operativo se realizó sin ningún fiscal y anota que Marcelo Soza, el fiscal asignado, se constituyó en Santa Cruz casi al mediodía del 16 de abril de 2009 y recién, entonces, emitió orden de aprehensión en contra de las dos presuntas víctimas, argumentando que existía probabilidad de autoría en el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas y que había peligro de fuga.

Pero la investigación de la CIDH resalta que no fueron hallados en flagrancia, resalta que se encontraban durmiendo. En la habitación de Tóásó no había armas y en la de Tadic no había rastros de fuego cruzado. No hay vinculación entre el atentado a la casa del cardenal y la detención de las presuntas víctimas con relación a colaborar con un movimiento separatista en Santa Cruz.

“En consecuencia, la comisión estima que las detenciones se produjeron de manera ilegal y arbitraria. El Estado es responsable de la violación de su derecho a la libertad personal, basada en que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal ya que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas en la Constitución, las leyes o partes dictadas conforme a ellas.

Otra prueba contundente que aporta el informe es el testimonio del fiscal Soza, quien luego de estar a cargo del caso huyó a Brasil, donde se declaró un “perseguido político” y desde su asilo denunció que durante el proceso “se fabricaron” pruebas en el caso “Terrorismo”. En mayo de 2018, el ex fiscal fue condenado por la justicia de su país, en ausencia, a 12 años de prisión por extorsión.