El acto electoral, que definirá la aprobación o rechazo de la nueva Constitución, se desarrollará el 4 de septiembre y la ley es bien clara respecto de la participación de los votantes.
Sí, lo que marca un cambio respecto de los eventos electores precedentes, que fueron con voto voluntario. Quien no cumpla con el deber cívico será denunciado por el Servicio Electoral (Servel) ante la justicia civil.
La entidad pública tiene como obligación informar a todo elector en los Juzgados de Policía Local del domicilio electoral que este registra. Finalmente, el juez de turno evaluará si las excusas presentadas poseen fundamentos o no.
Si los argumentos del infractor no son acogidos, el tribunal se encuentra facultado para cursar una multa. La sanción monetaria puede partir en $27.000 y llegar hasta $167.000, aproximadamente.