Estallido social: absuelven a carabineros acusados de tortura y apremios ilegítimos contra alumno de medicina de la UC

En fallo dividido, el Sexto Tribunal Oral de Santiago indicó que los hechos registrados al momento de la detención Josué Maureira Ramírez (21), «se enmarcaron dentro del uso proporcional de la fuerza» y que, por tanto, «la actividad de los funcionarios no se enmarca dentro de la calificación jurídica de torturas ni de apremios ilegítimos”.

El Sexto Tribunal Oral de Santiago absolvió esta jornada a siete efectivos de Carabineros acusados por el Ministerio Público como autores de los delitos de apremios ilegítimos y tortura en contra de Josué Maureira Ramírez (21), estudiante de cuarto año de Medicina, quien denunció haber sido torturado y abusado sexualmente por efectivos de la 51° comisaría de Pedro Aguirre Cerda, donde permaneció detenido en la madrugada del lunes 21 de octubre de 2019, en el marco del estallido social.

En resolución dividida, el tribunal decretó la absolución de Marcos Valenzuela Yévenes, Ciro Cubillos Arancibia, Javier Marchant Ferrada, Erwin Espinoza Reyes, Luna Werchez Muñoz, Daniel Meneses Palma, Marcos Vásquez Ayala, al no lograr la fiscalía acreditar la ocurrencia de los delitos y, consecuencialmente, la participación atribuida a los carabineros en los hechos.

En su fallo, el tribunal indica que “efectivamente el 21 de octubre de 2019 cerca de las dos de la madrugada, Josué Maureira Ramírez fue detenido en el supermercado Santa Isabel ubicado en la calle Carlos Valdovinos 2020 de la comuna de Pedro Aguirre Cerda por funcionarios de Carabineros de la dotación de la 51 Comisaría de esa comuna y lo condujeron al carro policial en que se movilizaban, en el que, junto a otros tres detenidos y a nueve funcionarios de la misma unidad, lo trasladaron e ingresaron a dicho recinto”.

Asimismo, el dictamen señala que “se pudo establecer que tanto en los momentos de su detención, como en los que fue llevado al carro, en los que duró el traslado, en los que lo bajaron del mismo y en que lo ingresaron a la comisaría, Maureira Ramírez opuso tenaz resistencia a la labor policial. La oposición del detenido implicó que se produjeran forcejeos entre él y sus aprehensores al momento de llevarlo al carro”.

Se agrega que, en este contexto, el comportamiento del estudiante de la Universidad Católica “hizo necesario que los funcionarios adoptaran medidas para protegerlo del intento de agresión que quiso propinarle otro de los detenidos y de lesiones que con sus propios movimientos peligraba causarse. Al ser bajado del carro y antes de entrar a la Comisaría, presentó una resistencia que hizo necesaria la actividad conjunta de varios funcionarios, a fin de lograr su ingreso”.

En el acta de deliberación, el tribunal indicó que “en criterio de la mayoría, las acciones de los funcionarios se enmarcaron dentro del uso proporcional de una fuerza que resultó necesaria para cumplir su cometido de detenerlo y trasladarlo a la unidad, dada su activa resistencia, traducida en tirarse al suelo, forcejear y hacer movimientos bruscos para evitar ser esposado e ingresado al furgón.

Por ende, la actividad de los funcionarios no se enmarca dentro de la calificación jurídica de torturas ni de apremios ilegítimos”.

Golpes de puños y pies

En tanto, el tribunal indicó que aunque, en un segundo hecho, sí se pudo constatar que Maureira Ramírez fue agredido al interior de la Comisaría, con golpes de puños y pies, mientras se encontraba fuera del calabozo, durante el juicio no se logró acreditar la culpabilidad de los tres funcionarios de carabineros acusados por este hecho.

“Estos sentenciadores adquirieron de manera unánime, más allá de toda duda razonable, convicción respecto a que efectivamente el 21 de octubre de 2019 en horas de la madrugada, estando Josué Maureira Ramírez dentro de la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda en calidad de detenido, funcionarios de esa unidad lo golpearon al menos en una oportunidad con una patada en su cabeza mientras se encontraba en el suelo, en un lugar cercano a los baños y afuera de los calabozos, además de propinarle golpes de puño”.

Sin embargo, agregaron que “la prueba rendida en el juicio no resultó suficiente para adquirir, más allá de toda duda razonable, convicción acerca de que los acusados Javier Marchant Ferrada, Marcos Valenzuela Yévenes y Marcos Vásquez Ayala, hayan tomado parte en la ejecución del mismo en carácter de autores”, ni que “hayan presenciado los golpes sufridos por el ofendido de parte de sus compañeros de unidad sin detener la situación”.

Abuso sexual

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, y pese a que el Ministerio Público había formalizado a los imputados por los delitos de tortura, tortura calificada y apremios ilegítimos, la fiscal Paulina Díaz solicitó una audiencia de reformalización para dejar fuera del caso el delito de tortura calificada, es decir, el tipo de tortura que incluía el supuesto abuso sexual agravado. En octubre de 2019 Maureira había declarado que fue víctima de un eventual delito de abuso sexual, ya que, además de los golpes, los uniformados lo habían sodomizado, usando para ello el bastón de servicio.

La audiencia de comunicación de la sentencia quedó programada para las 13 horas del jueves 11 de agosto próximo.

Fuente: latercera.cl

LAS DOS VERSIONES DE UN MISMO HECHO

El material audiovisual cuenta los hechos desde la mirada de los uniformados, relatada por su abogado, Agustín Mardones, quien desmiente todo lo señalado, tanto por el universitario como por las instituciones que lo defienden en esta causa judicial, vale decir el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, la Clínica Jurídica de la PUC y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

La historia relatada por Josué Maureira a los medios de comunicación indica que ingresó al supermercado a socorrer a una persona que estaba gritando. Es en este momento donde fue detenido, en compañía de otras tres personas, siendo trasladado a la 51º Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, donde denuncia haber sido golpeado, desnudado y violado con una luma de los propios carabineros allí presentes.

No obstante, la versión entregada por Carabineros, representados por el abogado Agustín Mardones, señala que el hombre fue detenido al interior del establecimiento comercial por el delito de robo en lugar no habitado, que es trasladado hasta la Comisaría junto a otras tres personas (un hombre y dos mujeres) y que en el trayecto es golpeado e insultado por John Bravo, el otro detenido al interior del supermercado. Es en este momento donde Josué Maureira, según cuenta el abogado, se habría bajado el pantalón para dar a entender que había sido víctima de vejaciones.

«El testimonio de los carabineros da cuenta que lo único que hicieron fue proteger al señor Maureira para que John Bravo no le siguiera pegando, porque adentro del furgón se trataba de bajar los pantalones. John Bravo, molesto con esto, lo trató de ‘maricón culiao’ (sic) y le pegaba patadas, le pegaba golpes, rodillazos, y fue el único que agrede al señor Maureira. Luego, se baja del retén y le dio a la única carabinera presente. Se abalanza contra ella y ella se lo saca de encima. Eso está grabado», relató el profesional que defiende a los seis policías imputados.

De igual forma, el abogado explica que John Bravo, su pareja y su suegra vieron a Josué Maureira resistirse al arresto y que «los carabineros no podían ni revisarle los bolsillos porque los mordía, los amenazaba, en la unidad decía términos como que le hicieran sexo oral», dijo Mardones, asegurando también que -a su juicio- «hemos logrado demostrar» que el único que lo agrede es John Bravo, cuestión que luego habría continuado en el calabazo donde ambos estuvieron.

EL IMPORTANTE EPISODIO QUE FISCALÍA NO TOMA EN CUENTA

Tras compartir su visión de los hechos, la defensa de los carabineros acusados apuntan sus dardos directamente hacia el Ministerio Público y más precisamente hacia la fiscal Paulina Díaz, a quien acusan de estar «enceguecida» y de querer «vengarse» de los uniformados. Este planteamiento lo indica basándose en una posterior detención de Josué Maureira, quien el 7 de diciembre fue apresado en Temuco por haber amenazado a una trabajadora de una tienda.

«La mentira más grande de esta causa y la ocultación de información es el procedimiento del 7 de diciembre, 20 días antes que formalizara a los Carabineros, donde ya sabía que Maureira había cometido el mismo delito en Temuco, con las mismas circunstancias y mentiras que imputó a los carabineros», comenzó diciendo el abogado Mardones, a lo que agregó que «lo detienen cuando va saliendo del mall, lo llevan al cuartel policial y él dice que lo están torturando y violando. En eso llega la abuela y le dice que pare. Él se quería bajar los pantalones, la mamá le da unas pastillas y finalmente se calma».

Allí se supo, según contó el abogado, que «estaba en tratamiento a raíz de su estado mental. A raíz de este delito de amenazas es trasladado al Tribunal de Garantía, donde se identifica y después de la dinámica de audiencia, interviene todo el rato, la jueza le pide callarse y luego pide un análisis psicológico, el que arroja que es inimputable porque sus facultades mentales están perturbadas, porque es un loco o demente, por ende no es condenado«.

ACUSAN PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS

Según el defensor de los uniformados, la fiscal Díaz «tomó conocimiento de esta situación y era impresentable que formalizara a los Carabineros. Entonces, ¿por qué ella creyó en su discurso, si sabía que era un loco demente?«. Otro hecho relatado por el profesional, que a su juicio es sumamente cuestionable, es que Josué Maureira «desapareció» por completo desde diciembre de 2019, tras su detención en Temuco por el caso de amenazas: «Desde el 7 de diciembre Maureira no existe, nunca más se supo de él. Desde el delito de amenazas nunca más declaró, no se presentó a juicio».

A este hecho expone también que habrían cuatro sumarios en contra del estudiante de Medicina en la Universidad Católica, acusando «falsificación de licencias médicas, falsificación de recetas durante su práctica, se apropia indebidamente de los dineros de la facultad (entre $7 y $9 millones) y denuncias cruzadas de abuso sexual entre él y sus compañeros»: «¿Por qué no podemos obtener esos sumarios? ¿Por qué la fiscalía no se ha preocupado que esa información llegue, para tener una mejor ilustración de quién es la víctima?», se preguntó Mardones.

De igual forma, sostuvo en el documental que «la victimización en los medios lo hacía absolutamente creíble su relato. Fue un trabajo muy duro demostrar este montaje de estas instituciones y vergonzosamente del Ministerio Público, que a mi juicio está absolutamente politizado, no en el caso del carabinero Juanito Pérez, sino que contra la institución. Eso lo ha demostrado esta investigación, tal como lo demuestra esta fiscal, que es como fiscal estrella de los derechos humanos».

Por último, el abogado Agustín Mardones explica que Maureira y las instituciones que lo defienden «hoy aparecen como víctimas de un sistema, como torturados por carabineros, en circunstancia que aquí está la verdad». En ese sentido, recordó que se logró condenar a John Bravo, de quien dijo que «es un peligroso delincuente, que estuvo prófugo». Justamente en base a esta condena es que el profesional manifestó que esto «tiene que dejar en el país una sensación de que por fin, a pesar de todo, se hace justicia. Cuando tengamos el sobreseimiento y la absolución de estos carabineros, el resto de los carabineros van a poder volver a trabajar tranquilos».

Cabe señalar que actualmente la investigación sigue en curso a cargo de la Fiscalía Sur, que los carabineros se encuentran en libertad y que previamente estuvieron en prisión preventiva. Tras ello, presentaron dos querellas, donde se acusa la labor de la fiscal Paulina Díaz por «falta de objetividad» y por desestimar los problemas psiquiátricos de Maureira.

Fuente: puranoticia.pnt.cl