“Estamos muy contentos, porque podemos anunciar que se ha avanzado en un paso fundamental en la aprobación del proyecto de ley que sube el salario mínimo a $500.000 para un millón de familias del país”, dijo la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, luego de que este miércoles la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que reajusta el salario mínimo a $500.000, de forma gradual, a partir de julio del próximo año y que incluye un subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa, que contó con 120 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, fue despachada al Senado en su segundo trámite constitucional.
“Con esto, estamos dando cumplimiento a un compromiso del Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y esos compromisos se hacen, se empujan y se cumplen. Las familias chilenas van a pasar de un salario mínimo de $410.000 a $500.000, con apoyo a la pequeña y mediana empresa, con gradualidad en su implementación y con la convicción de que es necesario para mejorar la vida de las familias de nuestro país”, agregó la ministra Jara.
En este sentido, la secretaria de Estado destacó la transversalidad en la aprobación de la iniciativa, tanto con votos del oficialismo como de la oposición. “Agradecemos a los parlamentarios y las parlamentarias que hoy día estuvieron dispuestos a apoyar este proyecto de ley: al oficialismo, a nuestros partidos de la alianza de Gobierno, a los parlamentarios de la oposición, a aquellos que no se negaron al debate y que estuvieron disponibles para conversar, al Partido de la Gente, a la Democracia Cristiana, a Renovación Nacional, a Evópoli, y a todos aquellos que se sumaron en esta discusión. Así crece Chile, incluyendo a todos y a todas”, dijo la ministra Jara.
Una nueva idea que permitió destrabar las inquietudes de los parlamentarios fue la propuesta que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer en la Sala de la Cámara, minutos antes de la votación. Planteó que en el Senado se incorporará como indicación que la tasa del Impuesto de Primera Categoría en el régimen Pyme será de 12,5% en 2024, y no subirá a 25% como señala la normativa. Esto se suma al artículo que mantiene en 10% el gravamen para este año.
“Este proyecto tiene un costo importante para el Estado, expresado en subsidios que se entregan a las micro, pequeñas y medianas empresas para absorber el costo del ingreso mínimo, y en la postergación del incremento de la tasa del Impuesto de Primera Categoría en 2023 y 2024. En beneficio para las Pymes significa un monto superior a los US$1.200 millones distribuidos en tres años, es un volumen importante de recursos que va a un sector que emplea gran cantidad de trabajadores y que muchas veces le cuesta abrirse camino y acceder a distintos recursos”, afirmó el ministro Marcel, al valorar que, por segundo año consecutivo, exista apoyo estatal a este segmento de empresas.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, afirmó que “hemos logrado, tal como hicimos el año pasado, un acuerdo muy amplio con una cantidad mayoritaria de gremios de empresas de menor tamaño en torno a este subsidio y, de esa manera, con mucho diálogo social y con mucha conversación, hemos logrado que no se contrapongan las y los trabajadores con las empresas de menor tamaño. Estamos contentos por ese triunfo político, creemos que nos permite seguir avanzando y tener este progreso social, esta idea de Estado de bienestar, de tranquilidad para las familias, sin que nadie se nos quede atrás”, dijo el secretario de Estado.
Por su parte, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jennifer Lazo Vergara, señaló que “con una pronta aprobación de este proyecto, se entrega mayor dignidad para las y los trabajadores de nuestro país, ya que detrás de cada uno de ellos hay familias. Sabemos que el alza del costo de la vida ha sido un problema y por ello es que vemos aún más urgente esta necesidad del alza del ingreso mínimo, porque también es válido preguntarse, ¿qué hace una familia con un sueldo de 410 mil pesos? Esa es la importancia que tiene este proyecto en la agenda del trabajo decente que ha comprometido el Presidente Gabriel Boric en nuestro país y para las personas de Arica y Parinacota, ya que con ello seguimos contribuyendo al trabajo formal y así bajar los índices de personas que trabajan desprotegidas en la región”.
Cabe señalar que el Ejecutivo, a través de los ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, ingresó el proyecto al Congreso en el mes de abril, tras un acuerdo suscrito con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
La iniciativa
Como medida principal, el proyecto establece el alza del salario mínimo hasta alcanzar los $500.000 durante el próximo año, a través de la siguiente gradualidad: un incremento desde los actuales $410.000 a $440.000 el 1 de mayo de 2023; luego, a $460.000 el 1 de septiembre de 2023; y, posteriormente, a $500.000 el 1 de julio de 2024.
Junto a ello, en el caso que el IPC acumulado durante 2023 supere el 6%, se realizará un alza previa de $10.000 el 1 de enero de 2024, quedando el salario mínimo en $470.000 en dicha fecha, para luego continuar con la gradualidad anteriormente mencionada.
Posterior a esa fecha, se acordó efectuar a todo evento un reajuste automático del ingreso mínimo mensual conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registre entre los meses de julio-diciembre de 2024 y que se concretará en enero del 2025.
De este modo, y de aprobarse el proyecto, se cumpliría en torno a dos años uno de los compromisos del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric: llegar a un salario mínimo mensual de $500.000 durante su mandato presidencial.
Además, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, en acuerdo con la CUT, también contempla reajustar los tramos de la Asignación Familiar a partir de mayo 2023, lo que aumentará la cobertura y los beneficios de los actuales afiliados, fijándose los siguientes tramos:
En tanto, respecto de los beneficiarios cuyo ingreso sea superior a $1.175.196, no tendrán derecho a asignación.
En torno al Subsidio Mensual para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado que rige hasta el 31 de diciembre de 2023, según consta en la ley 21.218, se propone en el proyecto ajustar los parámetros para beneficiar a las y los trabajadores con ingresos mensuales de hasta $500.000, extendiendo así su vigencia desde el 31 de diciembre de 2023 al 30 de junio de 2024. Esto, pues al 1 de julio del mismo año, el ingreso mínimo mensual ya alcanzará dicho monto.
Apoyo a las MiPymes
Por otro lado, y después que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo selló un acuerdo con varios gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno ingresó una serie de indicaciones al proyecto para apoyar a este tipo de compañías a cumplir con el alza del salario mínimo.
En concreto, se propone un subsidio que consiste en un esquema estable de montos para cada uno de los periodos de alza del salario mínimo, el cual varía según tamaño de empresa (micro, pequeña y mediana), a fin de entregar mayor cobertura y protección a las microempresas.
Además, se contempla la aplicación de un mecanismo de protección que elevará los montos de este instrumento en cualquiera de los dos escenarios que se describen a continuación:
En virtud de lo anterior, para aquellas empresas de menor tamaño que ya fueron beneficiarias del subsidio 2022, los montos por trabajador o trabajadora serán los siguientes:
El subsidio se entregará automáticamente a las empresas que fueron beneficiarias de subsidio 2022 -2023 (ley Nº21.456). Para el caso de las empresas que actualmente no son beneficiarias y quieran solicitar el subsidio 2023-2025, lo podrán hacer en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII) con una única solicitud para recibir el subsidio mes a mes. El único elemento diferenciador respecto de este grupo de empresas y aquellas beneficiarias del subsidio anterior, es que durante el periodo de alza (entre mayo y agosto de 2023) el monto por trabajador o trabajadora será $10 mil inferiores que las actuales beneficiarias.
Medidas complementarias de apoyo a las PYME
Por otra parte, se ingresaron indicaciones al proyecto de ley que extienden hasta diciembre de 2023 la tasa del impuesto de Primera Categoría en un 10% para aquellas empresas acogidas al Régimen ProPyme general.
Al mismo tiempo, se propone una modificación legal para extender hasta el 31 de marzo de 2024 el beneficio de alivio deuda tributaria, cuya duración estaba inicialmente contemplada hasta el 30 de abril del presente año.
Además, se propone garantizar la participación de un miembro del Consejo Consultivo de Empresas del Menor Tamaño en el Consejo Superior Laboral (CSL), mediante la modificación a la Ley N°20.940, de manera que este representante deje de ser electo por los empleadores de mayor representatividad del país, manteniendo la proporcionalidad existente en la participación del (CSL).
Por otro lado, ayer martes el Ejecutivo ingresó una indicación para desvincular el no pago del préstamo solidario con la renovación del permiso de circulación durante este año.
Costo fiscal
Cabe señalar que, ayer martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló el costo fiscal de la iniciativa. “El proyecto tiene un costo fiscal de $169.000 millones en el primer año, de $311.000 millones en el 2024, y de $132.000 millones en 2025. A eso hay que agregarle, en el caso del 2023, el efecto fiscal de la postergación del ajuste de la tasa del impuesto de Primera Categoría que alcanza a $498.340 millones”, explicó el secretario de Estado.
Además, el ministro detalló otros aspectos que han sido incorporados al proyecto, a instancias de las conversaciones con los parlamentarios; calificar con urgencia al proyecto de Compras Públicas que contempla mejoras en el acceso de las pymes como proveedores; estudiar el subsidio de apoyo a las pymes para la contratación en zonas extremas; y evaluar la tributación permanente de este segmento de empresas en la reformulación de la Reforma Tributaria, para lo cual se ha convocado a distintos sectores económicos y sociales. Además, se presentó una indicación en la Comisión de Economía para eliminar la condicionalidad de entrega del permiso de circulación al pago de las deudas de créditos a empresas de transporte pymes.