Elisa Loncón: «la Convención debe llamar a votar Apruebo»

Una nueva confrontación se vive al interior de la Convención Constitucional, luego de que esta semana se comenzaran a difundir en medios tradicionales y en redes sociales los 100 primeros artículos aprobados por el pleno, levantándose de inmediato la disyuntiva de si solo difundir las normas o, derechamente, llamar a votar Apruebo.

Hasta ahora, la decisión de la mesa directiva es socializar solamente los artículos aprobados. Así se le instruyó a los profesionales de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención, quienes desde esta semana y hasta el 4 de julio, a través de un volante llamado “Convención al día”, irán informando algunos de estos artículos en formatos digital, impreso y radial para llegar de la manera más precisa a la mayor cantidad de gente posible.

La expresidenta de la Convención, Elisa Loncón, difiere totalmente de la decisión adoptada y señala que “por supuesto que hay que hacer las dos cosas: informar de las normas aprobadas y también llamar a votar Apruebo, porque nosotros tenemos la certeza de lo aprobado”.

Loncón añade que “por otro lado, la gente necesita que esa información se entregue muy bien, pero respaldada por quienes estamos trabajando en la Convención en función de instalar los derechos de toda la ciudadanía, por lo que claro que se debe llamar a votar Apruebo”.

¿Qué dicen otros convencionales?

Sin embargo, el convencional Felipe Harboe afirma que la Convención no puede estar a favor o en contra de determinados tipos de normas. Y destaca que, si lo que se requiere es un cambio en la percepción ciudadana respecto de lo que se está haciendo en la Convención, que según la encuesta Cadem ha experimentado una caída en la confianza, lo que corresponde es “exclusivamente informar las aprobaciones, pero no emitir juicios de valor, ni menos aún tomar partido por las opciones del Apruebo o del Rechazo”.

Ello no obsta -advierte Harboe- a que cualquier convencional, incluyendo aquellos que ejercen funciones en la mesa directiva, puedan manifestar sus legítimas opiniones políticas y adhesiones o rechazo, pero opina que institucionalmente no corresponde pronunciarse.

Para Bernardo Fontaine solo se debe informar de los artículos aprobados y, a su juicio, “sería antidemocrático tomar partido (por una opción). La Convención es una institución del Estado. Sería como pedirle a la Cámara de Diputados que como institución apoyara a una candidatura presidencial”.

En tanto, Patricia Politizer recuerda que el 5 de julio la Convención se disuelve al entregar el resultado de su trabajo para ser plebiscitado. “Imagino que en ese acto, la Mesa Directiva debiera llamar a aprobar el texto constitucional que representará la voluntad de más de dos tercios de los convencionales. A partir de ese momento, cada constituyente volverá a ser un ciudadano más. Antes del 5 de julio, la Convención debe continuar informando con rigurosidad de las normas aprobadas”.

Para Jorge Baradit, en cambio, la Convención Constitucional, donde confluyen diversas visiones, “debe mantenerse neutral frente a la comunicación que se realice y debe enfocarse en una labor pedagógica, incorporando cómo las normas aprobadas influyen en la vida de los chilenos, pero la Convención no debe pronunciarse sobre la votación misma”.

La convencional Teresa Marinovic recalca que, como se trata de fondos públicos los que se han empleado para realizar la difusión, no corresponde tomar una opción por el Apruebo o Rechazo, pues ambas opciones son “legítimas”.

Las 100 normas que la Convención difundirá hasta el 4 de julio

El plan comunicacional de la Convención comenzó con las normas “Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho, es Plurinacional, Intercultural y Ecológico”; “Toda persona natural o jurídica tiene libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas”; y “Chile es un Estado laico, donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales”.

La elección de los 100 primeros artículos, que ya comenzaron a difundirse entre la ciudadanía, fue hecha a partir de la alta connotación pública que generó la discusión de esas normas. Pero dicha selección inquieta a algunos convencionales de derecha, como Rugero Cozzi, quien ve con “preocupación que se estén canalizando recursos públicos para hacer propaganda política”.

“La Convención Constitucional no tiene ningún fiscalizador y Contraloría declaró desde el inicio que no iba a fiscalizar nada al respecto. Se les entregaron $1.300 millones para hacer difusión, pero informar es muy distinto que hacer propaganda”, advierte Cozzi. Y acusa a la mesa directiva de la Convención y a la Secretaría de Comunicaciones de actuar con “bastante opacidad”.

“Hasta qué punto es necesario para cumplir con el mandato constituyente informar solo algunas normas y no otras. Se debe informar todo, aunque ello es obviamente un desafío comunicacional, pues ya vamos en 250 artículos. Pero hacer un cherry picking (seleccionar algo «a la medida») de lo que me parece más amistoso y el resto ocultarlo no es correcto. La información debe ser íntegra, completa y lo más objetiva posible”, sentencia.

Tammy Pustilnick discrepa de su colega Cozzi al afirmar que “ha habido un avance significativo en la labor desarrollada por la Secretaría de Comunicaciones de la Convención, pues a través de una forma didáctica y cercana se ha ido explicando el alcance de cada norma”. Pero, asegura que “no se puede llamar a aprobar un texto que aún no está terminado, como tampoco corresponde llamar a rechazarlo mientras no tengamos la propuesta final».